Internet es un ámbito propicio para el desarrollo de iniciativas de autorregulación, dado que se trata de un área dinámica y en constante evolución que requiere una regulación flexible, donde la iniciativa privada cuenta con una gran pujanza y existe además una particular sensibilización sobre la conveniencia de dotarse de modelos de actuación adecuados que incrementen la confianza de los usuarios de los servicios.En este sentido, tanto la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico como la Directiva 2000/31/CE relativa a los servicios de la sociedad de la información, han reconocido el valor de los Códigos de conducta como instrumento de ordenación del sector y complemento de los principios y normas jurídicas. De manera particular, la Ley 34/2002 encomienda a las Administraciones Públicas la labor de incentivar la elaboración y aplicación de los citados Códigos (artículo 18).

Para materializar ese mandato contenido en la Ley 34/2002, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio promueve, entre otras, la difusión y más amplio conocimiento de las iniciativas de establecimiento de sistemas de autorregulación relativos a la prestación de servicios de la sociedad de la información y al comercio electrónico. La relación que figura a continuación está abierta a la inclusión de nuevos sistemas de autorregulación, por lo que se invita a los promotores de éstos a comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio su existencia

El hecho de incluir un sistema de autorregulación en esta página no implica, por sí solo, su reconocimiento oficial o la conformidad de sus disposiciones con la legislación aplicable.

En este ámbito, debe hacerse especial mención al “distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, cuya regulación se encuentra establecida en el RD 1163/2005 , y que constituye un importante mecanismo público de impulso de la autorregulación en este ámbito. Dicho Real Decreto establece los requisitos y el procedimiento de concesión de dicho distintivo.

Asimismo, el artículo 3 de la Ley 56/2007 crea la calificación de «Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada» en el ámbito de las subastas electrónicas entre empresas (B2B). El apartado 3 del artículo establece los requisitos mínimos exigibles para que una oferta pública de contratación electrónica entre empresas sea calificada de “Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada”. Por su parte, el precepto insta al Gobierno a promover la adhesión de las empresas a este protocolo de transparencia.