La Ley 21/2014, publicada el pasado 5 de noviembre en el número 268 del BOE, modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril, y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil del 7 de enero. Se trata de una reforma fruto de diversas enmiendas propuestas por el PP y por el Senado que, pese al rechazo de la oposición, entrará en vigor el próximo mes de enero de 2015. La citada ley contiene una serie de aspectos que desgranaremos ampliamente a continuación:

En primer lugar, cabe destacar las relevantes modificaciones del artículo 31 de la LPI., las cuales indican que son copias privadas las copias de obras ya difundidas hecha por una persona física para usos privados, no comerciales ni profesionales, y a partir de un soporte físico comercializado legalmente y adquirido mediante compraventa mercantil; en esta definición entran también las reproducciones realizadas a partir de actos legítimos de comunicación pública de imágenes y/o sonidos, mas no obtenidas en espacios públicos no autorizados. Por otro lado, no se consideran copias privadas las descargas de Internet; así mismo, las obras públicamente comunicadas sujetas a un contrato, los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas quedan fuera de toda copia privada. Todas estas copias no pueden tener como finalidad usos colectivos o bien lucrativos.

A continuación, merece nuestra atención el conjunto de modificaciones del artículo 25, las cuales indican que las compensaciones equitativas por copia privada deben proceder de la consignación anual de los Presupuestos Generales del Estado y mediante las entidades de gestión de derechos. El derecho a disponer de las contrapartidas anteriormente especificadas posee un carácter irrenunciable para autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, si bien no serán objeto de indemnización las situaciones en que el perjuicio causado al titular de los derechos sea mínimo.imagesc

Seguidamente, y respecto a los usos docentes y de investigación, la modificación de los artículos 32.3, 32.4 y 32.5 de la LPI señala que el profesorado de enseñamiento reglado impartido en los centros de que dispone el sistema educativo español y el personal universitario y de organismos públicos dedicado a la investigación científica tiene permiso para copiar, distribuir y comunicar públicamente pequeños fragmentos de obras y obras aisladas plásticas o fotográficamente figurativas, sin finalidades comerciales y comedidamente. Se establecen, eso sí, una serie de condiciones: que sean obras ya difundidas; que sirvan para ilustrar actividades educativas o cuya finalidad sea la investigación científica; que no se trate de libros de texto, manuales de la universidad o publicaciones asimiladas; y que, siempre que resulte posible, se citen la fuente y el autor. En el caso concreto de universidades y centros públicos de investigación, se establece una compensación económica obligada para la reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras cuando estas se usen con finalidades educativas, el objeto de la difusión sea un capítulo de libro, un artículo de revista o la extensión asimilable al 10% del total de la obra, los actos permitidos se realicen en las citadas instituciones con medios y personal propios, y la distribución de copias se realice únicamente entre el alumnado y el PDI del centro en cuestión.

Por su parte, también resulta modificado el nuevo artículo 37bis de la LPI referente a las obras huérfanas, o séase, aquellas cuyos titulares de derechos no se hallan identificados o localizables. En este caso, se permite su reproducción a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación, restauración y comunicación pública por parte de centros educativos, museos, bibliotecas, hemerotecas accesibles al público y organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas.

Las obras públicas también se ven sujetas a modificaciones importantes. Concretamente, los cambios introducidos en el artículo 28 de la LPI determinan que el plazo para el dominio público de las composiciones musicales con letra es de 70 años a partir de la muerte del último autor superviviente. Las modificaciones del artículo 112 de la LPI determinan ese mismo período después de la fecha de la primera publicación o comunicación lícita para el dominio público de las grabaciones de interpretaciones artísticas y ejecuciones musicales. En una línea similar, la principal modificación del artículo 119 amplía también en 70 años el plazo para el dominio público de los fonogramas comunicados durante los 50 años posteriores a su grabación.

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Otros puntos de la Ley 21/2014 que merecen ser nombrados son la modificación del nuevo artículo 110bis de la LPI, que prevé la reversión del contrato de cesión de derechos por parte del artista cuando el productor del fonograma no comercialice la grabación, el control rigurosamente exhaustivo de las entidades de gestión de derechos por parte de la Administración Pública, la implantación de un modelo de ventanilla única para centralizar la facturación de los diversos importes abonados a las susodichas entidades y el hecho de que el incumplimiento reiterado de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores pueda ser sancionado con multa de entre 30.000 y 300.000 euros.

Por último, no se puede hablar de la Ley 21/2014 sin prestar atención a la llamada “tasa Google”, producto de la modificación del artículo 32.2 de la LPI. Ello establece en esencia que los agregadores de noticias en Internet no necesitan la autorización de los editores y productores de noticias por la explotación de sus contenidos, pero deberán compensarles económicamente. Este hecho que podría suponer el punto y final de la presencia de Google News en España.