El día 13 de junio entró en vigor la Directiva 2011/83 de Derechos de los Consumidores. Por lo tanto ya se aplican en nuestro país los nuevos derechos de los consumidores que han quedado recogidos en la Ley 3/2014, aprobada en el Parlamento el pasado mes de marzo.

Se trata de la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La norma  adapta a la legislación española la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de estos como de los  empresarios que formalizan transacciones a distancia, por lo que introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores. También se legitimó a los fiscales para representar a los consumidores en reclamaciones colectivas ante cláusulas abusivas y se acordó que la emisión de las facturas electrónicas requiere el consentimiento expreso de los consumidores quienes tienen en cualquier caso el derecho a la factura en papel sin coste adicional.

billboard_ecommerceLos principales fundamentos en los que se articulan las novedades de la Ley son los siguientes:

Información. Se amplía la información precontractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible.

Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado en 12 meses más. La nueva norma, además, incorpora un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

Nuevos derechos. El texto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido. También incorporan medidas para evitar las “cargas encubiertas”. Así, el empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción. Si sucediera que el empresario no obtuviese el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo dedujera utilizando opciones por defecto, el usuario tendría derecho al reembolso del pago.

En cuanto a los cargos adicionales derivarse de los contratos formalizados a distancia, el texto establece nuevas reglas. Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no deberá suponer un coste superior al de la tarifa básica.

Los empresarios tampoco podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos por el uso de los mismos.

La nueva ley también aborda la contratación telefónica de bienes y servicios y propone un sistema para proteger a los consumidores y usuarios, y que al mismo tiempo no suponga cargas excesivas para los empresarios. En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero. La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta, o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. Haciendo esto, se asegura que el consumidor sea plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo imposible si la contratación se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

Se han adoptado medidas para poner límites al Spam o acoso telefónico que sufren los consumidores y se establecen garantías para que se respete la intimidad de las personas. De este modo, quedan prohibidas las llamadas telefónicas para realizar ofertas comerciales entre las 21.00 y las 9.00 horas, así como los fines de semana y festivos.

Se trata de una regulación imprescindible, es necesario tener en cuenta el importante crecimiento del comercio electrónico y el aumento de las transacciones a distancia en los últimos años. Ayuda a salvaguardar los derechos de los consumidores y, a la vez, a dotar a las empresas de seguridad jurídica. Todas estas iniciativas legislativas fomentarán el consumo de bienes y servicios utilizando las nuevas tecnologías con tranquilidad y confianza.

Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/