En el artículo 18.4 la Constitución Española señala que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Tal disposición se refiere al derecho a la protección de datos o libertad informática, específicamente al derecho a la privacidad. En España se recogieron jurídicamente todas las inquietudes en materia de protección de la información  en la Ley orgánica de protección de datos, LOPD, considerando un derecho fundamental  la protección de datos de carácter personal.

Según el art. 3 de la LOPD, son datos de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” y es imprescindible y de derecho la protección de esa información.

Con respecto a su tratamiento en el caso específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, Mossos d´Esquadra (Cataluña), Ertaintza (País Vasco) y Policía Foral en Navarra y a los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales) la regulación propia de los ficheros de carácter policial señala que deben cumplirse una serie de principios referidos en la LOPD:

  • Notificación y control. La existencia de estos ficheros debe ser notificada a una autoridad no policial de control con  carácter independiente.

policía

  • La recogida de los datos debe limitarse a aquellos casos en que sea necesario para la prevención de un peligro real o para la represión de un delito.
  • La información  debe ser  almacenada el tiempo estrictamente necesario para permitir a la   policía ejercer sus funciones. Los datos basados en hechos deben diferenciarse de aquellos basados en opiniones o valoraciones, al igual que los datos recogidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines administrativos deben almacenarse separadamente de aquellos que sean recabados con fines policiales.
  • El uso de los datos se rige por el principio de que los datos recogidos con fines policiales sólo deben usarse para la finalidad para la que fueron recabados.
  • La comunicación de los datos a otros cuerpos policiales nacionales debe limitarse a aquellos casos en que exista un interés legítimo. Otro tipo de transmisiones han de verse amparadas en una autorización, y el tratamiento posterior debe ser compatible con aquél para el que fueron recabados los datos. Las únicas excepciones a estos requisitos serán cuando la transmisión sea en interés del titular de los datos o sea necesario para prevenir un peligro grave e inminente.
  • Derecho de acceso a los ficheros policiales, derecho a la rectificación y al recurso: Los ficheros que se han notificado a la autoridad de control han de ser públicos y se le garantiza al titular de los datos el derecho de acceso a la información que, sobre él, contienen los ficheros policiales. El ejercicio del derecho de acceso, de rectificación de datos erróneos o la eliminación de los datos innecesarios está limitado, a los casos en que no suponga una incidencia en la labor de la policía o no afecte a la protección de los derechos del titular de los datos o de terceros.
  •  Los datos deberán eliminarse cuando ya no sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que fueron recogidos.
  •  Finalmente, debe prevenirse el acceso, la comunicación o la alteración no autorizados mediante medidas de seguridad adoptadas por el responsable de los datos.

Evidentemente, la eficacia de la labor policial depende principalmente de la información de la que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Policía podrá acceder a cualquier dato personal registrado en cualquier fichero, público o privado, para realizar la investigación de delitos penales.  Con excepción de aquellos supuestos en los que una ley especial  lo limite, requiriendo entonces la intervención del  Fiscal o el Juez competente, como por ejemplo, en el  caso de que se persigan delitos públicos y sea necesario acceder a los ficheros de la Seguridad Social. En situaciones de persecución de delitos que requieran la colaboración internacional entre cuerpos de policía no será necesaria la habilitación judicial.

Es importante que en una sociedad democrática como la nuestra se garantice los derechos de los ciudadanos y se salvaguarden sus datos personales;  la legislación vigente proporciona el equilibrio que permite que los datos no se usen ilimitadamente ni de forma indebida.

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